El edil nacionalista Luis Artola, expuso en la ultima sesión de la Junta Departamental sobre la inclusión financiera que afecta al comercio de nuestro país.
De acuerdo a lo expresado «es una iniciativa gubernamental que tiene como objetivo regular los medios de pagos electrónicos permitiendo el acceso de servicios bancarios a toda la población, para poder de esa manera, formalizar la economía, facilitando y mejorando el acceso a los servicios financieros de todos los uruguayos. Nos preguntamos entonces, está la ley logrando sus objetivos?, se están incluyendo a todos los ciudadanos en el sistema financiero? todos las personas están conformes con la ley? Todos se benefician en forma equitativa? Qué impacto tiene sobre la economía? Es una ley para facilitar a los servicios financieros o para controlar el bolsillo de cada ciudadano?».
Artola también continuó indicando «debemos decir que casi la mitad de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aún mayor de los niveles de bajos recursos no tiene cuenta bancaria, por diversas razones, por sus costos, las distancia de viaje y por los requisitos que se deben cumplir para abrir una cuenta».
Para el edil del Partido Nacional «la inclusión financiera tanto en América Latina como en el Caribe, si bien ha tenido avances importantes en los últimos años, como ya lo mencionamos hace un instante, la mitad de la población adulta aún no accede al sistema financiero y existen diferencias importantes entre los países y dentro de ellos y más aún cuando el uso de los servicios que se ofrece es limitado (sin ir más lejos, Sr. Presidente, en nuestro departamento han o van a cerrar sucursales bancarias, tal es el caso del Banco República en La Barra o en los próximos meses la sucursal del Scotian Bank de Maldonado). Por qué hablamos de limitados? Por qué existen varios obstáculos, entre ellos podemos citar los altos costos operacionales frente a los bajos márgenes que representa atender a los segmentos excluidos, a esto se le suma las limitaciones respecto de la demanda y los marcos regulatorios e institucionales poco efectivos para lograr los objetivos»
También recordó que «a partir del 27 de enero, con la entrada en vigencia de la ley 19478, los comercios que acepten tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico, no podrán exigir un mínimo para el pago de compras o servicios con los mismos. O sea Sr. Presidente, lo que hasta hora era habitual en comercios como almacenes, farmacias, kiosco etc, en donde el comerciante fijaba un monto mínimo para operar con tarjetas de crédito o débito, ya no corre más, paso a ser ilegal, podemos comprar un alfajor con tarjeta de crédito. Sin lugar a dudas, no hay que ser muy entendido en la materia para deducir que parte de la ganancia de esa venta la absorbe el arancel del banco emisor del medio de pago electrónico y ni que hablar el servicio de post aparte de ser monopólico».
«Antes de esta iniciativa de someter a voto popular la derogación de la ley, hubieron otras propuestas y reclamos por parte de los comerciantes. En nuestro departamento, en particular, a principio de año, algunas estaciones de servicio decidieron dejar de aceptar las tarjetas de débito y crédito durante el día. Las utilidades de las estaciones de servicio está en decrecimiento y esto trae aparejado una crisis financiera y laboral» dijo el curul blanco. En definitiva, para el comerciante los aranceles por el cobro con tarjeta les disminuye el margen de rentabilidad, sobre todo para el pequeño comerciante. Todos sabemos que los márgenes de ganancia del almacén de la esquina son muy bajos, y se agravan aún más si tienen que asumir el costo del arancel de las tarjetas. Y si un negocio no es rentable cierra sus puertas, aumentando la desocupación. Lamentablemente se lleva a una exclusión del pequeño comerciante del sistema económica al tener que cerrar sus puertas» dijo Artola en parte de su extensa exposición en la Junta Departamental. 
Hora: 01:10
