Por el experto en seguridad: Edward Holfman
Fueron 15 años de Gobiernos del Frente Amplio cuyo programa en materia de seguridad pública “convivencia y seguridad”, decía lo siguiente: No es deseable ni sostenible una estrategia pública basada en una respuesta policial única y aislada, cuyo componente central sea la saturación permanente de zonas bajo el control policial, afirma el programa de gobierno del Frente Amplio en su página 130. Soluciones de este tipo tienden a generar fuertes estigmas y procesos de polarización social, al tiempo que la institución policial queda entrampada en la lógica “represión o represión” generadoras de otro conjunto muy significativo de problemas adicionales.
Hoy sigue siendo difícil entender y defender, la estrategia del gobierno del Frente Amplio, en materia de Seguridad Publica, desde las dos ópticas de observar la seguridad, la óptica objetiva los resultados no fueron buenos y la óptica subjetiva se instaló una sensación de inseguridad en gran parte de la población de nuestro País.
Cuando una política de seguridad, no sirve, se cambia, nunca lo hicieron y lo peor nunca escucharon el reclamo de la gente. El año 2018 fue el peor año en materia de cifras de violencia, robos, rapiña y de homicidios. Triste récord de homicidios, un total de 416 asesinatos, esto marco el fin de una era, el fin de una forma errónea de entender la seguridad Pública.
En una nota de fecha jueves 27 de febrero del año 2020 en el Darío El País el entonces Ministro del Interior Jorge Vázquez manifestaba “Quizás bajamos la guardia en el combate al narcotráfico” La realidad es que demostraron que no solo bajaron la guardia al combate al narcotráfico, también bajaron la guardia frente al crimen, la criminalidad y principalmente a los criminales.
No cumplieron con los objetivos y promesas planteados en materia de seguridad pública. Generaron en gran parte de la población una sensación de inseguridad que todavía la sigue padeciendo, más grave generaron impunidad a los delincuentes, delinquir se trasformó en negocio.
Hay que reconocer que los Gobiernos del Frente Amplio, se mejoró los sueldos del personal policial, se contrató más policías, se mejoró equipamiento, se compraron más y mejores armas, se mejoró el sistema de comunicación (treta), se mejoró la tecnología aplicada a las tareas de seguridad más de 6.500 cámaras de video vigilancia, se compró el sistema de escuchas el Guardián, se creó la Unidad aérea de la policía Nacional con sus 4 helicópteros y 2 avionetas, recursos y medios nunca les falto. En los Gobiernos del Frente Amplio se destinó un presupuesto anual para todo el Ministerio del Interior de alrededor de U$S 800 millones de dólares americanos, U$S 100 millones de dólares son destinados al sistema penitenciario.
Como lo manifestamos en varias oportunidades, no era un problema de recursos era un problema de estrategia. Nunca entendieron que la lucha contra en comercio ilegal de drogas, abarca el narcotráfico y el narcomenudeo, nunca entendieron que era prioritario vigilar nuestras fronteras, el control de las fronteras, es clave para la seguridad nacional y la seguridad pública de un País. Nunca reglamentaron el Decreto de la Ley aprobada en el Parlamento, de la vigilancia de fronteras por parte de las Fuerzas Armadas.
Toda esa inacción en materia de seguridad, que podríamos calificar de una lucha que no dio el resultado esperado, perseguido, porque, no se quiso, no se pudo, o no se supo cómo enfrentar los problemas de seguridad pública, enfrentar a la delincuencia común, la organizada y el narcotráfico.
Hoy estamos viviendo las consecuencias de ese accionar, de esa falta clara y contundente de enfrentar el crimen y a los criminales.
La violencia y los asesinatos por ajustes de cuentas o conflictos entre criminales ya se instalaron para quedarse, es una pesada herencia que este Gobierno encontró y que el Ministro del Interior Jorge Larrañaga debe enfrentar.
El Gobierno actual no la tiene nada fácil, el tiempo y los reclamos de la gente serán claves también para enfrentar estos problemas, soluciones mágicas no hay, no existen.
La pregunta que surge es ¿tendrá el Gobierno actual un margen de tolerancia de la población que necesita soluciones ya a los problemas de inseguridad? El panorama se presenta complejo, las cifras de violencia y criminalidad oficiales, muestras una baja en los delitos de hurtos y rapiñas en estos meses, pero los homicidios continúan su tendencia y no bajan.
Esta nueva forma de entender la seguridad pública radica en imponer el orden, la autoridad y la persecución total de todos los delitos. La vigilancia de fronteras por parte de las Fuerzas Armadas, la nueva forma de combatir el delito, la delincuencia y el fenómeno mundial de la pandemia covid-19, presenta una nueva realidad, nuevos escenarios.
Estudiar el comportamiento del crimen y de los criminales, especialmente el comportamiento de las cifras de homicidios es un gran desafío, nuevas variables nuevas realidades, hacen muchas veces difíciles de analizar y poder hacer una radiografía lo más aproximada y adecuada a la realidad de estos tiempos.
La clave en materia de seguridad es tener un buen diagnóstico, eso se logra con mucha información, con datos, analizando la “cifras negras” los delitos no denunciados, y la georreferenciado los delitos, las zonas calientes donde se producen o se concentran la mayor cantidad de hechos y lo importante, brindar una respuesta adecuada.
Podemos suponer que los delitos de hurto y rapiñas, descenderán, pero los homicidios seguirán la tendencia actual. Podemos afirmar que los delincuentes se comportaran con mayor violencia, más letales, se vive a diario una violencia extrema en toda la sociedad.
Los funcionarios policiales seguirán siendo blanco de la delincuencia, para robar su arma de reglamento, cargadores y chaleco antibala. El robo obedece para aumentar su poder de fuego, venta y comercio ilegal local de armas, y por los conflictos entre delincuentes, han llevado a que estos se armen y se protejan, la pistola Glock es la mejor opción, refuerzan su protección con los chalecos antibalas hurtados.
El gran debe la situación de los centros penitenciarios en Uruguay es grave y un gran problema, hasta que no se entienda que la rehabilitación es la forma efectiva de evitar la reincidencia y por ende bajar los delitos, seguiremos en ese círculo delito- policía, justicia cárcel-liberta-delito.
Al Gobierno le espera un gran desafío en materia de seguridad humana, las primeras señales muestran un cambio, esperemos que este cambio se vea reflejados en las cifras y estadísticas de violencia y criminalidad.
La población necesita ver resultados, no solo en cifras, en estadísticas, la población necesita sentir esa sensación de tranquilidad, de protección, de sentir seguridad, y esa sensación no se la dan los números o las cifras aportadas por las Autoridades.
Seguiremos escribiendo y analizando las políticas publica de seguridad humana como hoy se las define.
La falta de confianza de la población hacia el Estado en la lucha y el combate contra el delito y la delincuencia, debilita la confianza y credibilidad de la Policía y la Justicia.
Para gran parte de la población el delincuente es impune, las probabilidades de que los atrapen cometiendo el delito, lo juzguen y lo envíen a prisión son muy bajas.
Toda la sociedad o mejor dicho la población, juegan un rol muy importante en la previsión, disuasión y lucha contra el crimen y la criminalidad, colaborando con las autoridades, policiales o judiciales.
Palabras Claves: Gobierno – autoridad – policía – justicia – población -seguridad.