La Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno informó que, en el marco de la investigación de un hecho de violencia contra una trabajadora de la educación, se resolvió imponer una medida socioeducativa a una adolescente considerada responsable del episodio.
Según el comunicado oficial, la resolución fue adoptada el viernes 25 de setiembre. La medida dispuesta no es privativa de libertad y consiste en siete meses de libertad asistida, a lo que se sumó la prohibición de comunicación y de acercamiento respecto de la víctima, con el objetivo de resguardar su integridad y evitar cualquier situación de revictimización.
Según supo REVISTA CERO, la fiscalía remarcó que las agresiones contra quienes desempeñan tareas educativas no constituyen hechos aislados ni admisibles, en tanto afectan no solo a las personas directamente involucradas sino también al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender en entornos seguros y respetuosos.
El organismo precisó además que el abordaje de los casos en que participan adolescentes se rige por los principios de especialidad, respuesta proporcional y finalidad socioeducativa, procurando que la intervención del sistema penal juvenil promueva la responsabilización y la reinserción social de la persona menor de edad.
Comparta esta noticia en:
