La Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno resolvió, el 25 de setiembre, responsabilizar a una adolescente por un hecho de violencia contra una trabajadora de la educación. Según el comunicado oficial, el episodio habría ocurrido días antes, aunque la fecha exacta no pudo precisarse debido a una falla en la transcripción del texto original difundido por el organismo.
Como consecuencia de la investigación, se impuso a la adolescente una medida socioeducativa no privativa de libertad, consistente en siete meses de libertad asistida. Además, se dispuso la prohibición de comunicación y de acercamiento respecto de la víctima, con el objetivo de resguardar su integridad y evitar cualquier situación de revictimización.
Según supo REVISTA CERO, la medida impuesta se enmarca en los principios que rigen el sistema penal juvenil, orientados a la responsabilización y no exclusivamente al castigo.
