Por: Rodrigo Blás
Uruguay destina recursos importantes al sistema penitenciario. Mantener a una persona privada de libertad cuesta en torno a los 1.000 dólares mensuales. Sin embargo, los resultados están lejos de lo esperado. La reincidencia es alta —cercana al 75% a tres años— y las cárceles, en muchos casos, terminan siendo espacios de reproducción del delito más que de rehabilitación.
El problema no es solo de recursos. Es, sobre todo, de enfoque.
Hoy el sistema intenta abarcar a todos por igual. Pero cuando todo es prioridad, nada lo es realmente. Los recursos se diluyen, la atención se dispersa y el resultado es previsible: la reinserción efectiva es la excepción y no la regla.
La solución pasa por cambiar la lógica.
Existen perfiles dentro de la población privada de libertad —primarios, delitos de menor entidad, conductas no violentas o vinculadas al microtráfico— que presentan mayores posibilidades reales de rehabilitación. Es allí donde el Estado debería concentrar sus esfuerzos.
Mejores condiciones de reclusión, educación efectiva, capacitación laboral, seguimiento individualizado y acompañamiento serio al egreso. No como privilegio, sino como una estrategia basada en resultados.
Focalizar no es abandonar al resto. Es entender que, si queremos resultados distintos, debemos invertir mejor. Cada persona que logra reinsertarse es un delito menos en el futuro, una víctima que no existirá y un costo que el Estado se ahorra.
Persistir en un modelo uniforme es, en los hechos, garantizar malos resultados.
Hoy se anuncian nuevas cárceles de máxima seguridad, con millones destinados a los peores. No es por ahí.
Debemos construir cárceles modelo para quienes tienen más posibilidades de reinsertarse y concentrar allí los recursos, la fiscalización y el esfuerzo del Estado.
No se trata de cárceles más duras o más blandas. Se trata de cárceles más inteligentes.
Porque rescatar a quienes tienen más posibilidades no es una injusticia: es la forma más efectiva de mejorar la seguridad de todos.
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