Comisión contra el lavado de activos evalúa incluir redes de pago

La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se reunió este martes 6 de octubre en Torre Ejecutiva, bajo la conducción del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. El encuentro, que se extendió por dos horas, contó con la participación de representantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los ministerios de Interior, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, y Educación y Cultura, además de la Fiscalía General de la Nación, el Banco Central del Uruguay y la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Según indicó Díaz tras la reunión, el eje central del intercambio fue la posibilidad de incorporar a las redes de pago dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos, cuya última actualización data de 2023. El jerarca señaló que este tipo de redes no está incluido actualmente en dicha instancia, y que la propuesta surge a partir del análisis de ciertos aspectos vinculados a la Operación Trazador. También se abordaron temáticas relacionadas con las criptomonedas, el oro y el ingreso de dólares al país.

Según supo REVISTA CERO, tras este encuentro la Senaclaft mantendrá reuniones específicas con representantes de las redes de pago con el objetivo de analizar sus matrices de riesgo, un paso previo a cualquier definición formal sobre su incorporación al esquema de evaluación nacional.

Díaz precisó que la comisión volverá a convocarse en un plazo de quince días para discutir modificaciones concretas a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030. «Como comisión, lo que tenemos que hacer es incluir dentro de la Evaluación de Riesgos aspectos que no están y, dentro de la Estrategia Nacional de Riesgo, determinar o lanzar determinadas acciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema que hoy, aparentemente, no funcionaron», sostuvo el jerarca ante la prensa.

Como ejemplo, el prosecretario mencionó que en el marco del Operativo Trazador no funcionaron las alertas vinculadas al manejo de dinero en efectivo en grandes cantidades y en bajas denominaciones, un elemento que —según explicó— constituye un indicador de riesgo. Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar en una investigación conjunta del delito precedente y del delito de lavado de activos, una acción prevista en la estrategia vigente que, afirmó, «no se ha cumplido» y que fue reclamada por el Ministerio del Interior «desde el primer día».