El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) compareció este jueves ante la Comisión de Hacienda del Parlamento para manifestar su oposición a varios puntos del proyecto de reforma de la Ley de Lavado de Activos.
La presidenta del gremio, contadora Cristina Freire, explicó que tanto la auditoría como la Revisión Limitada “son informes ex post, que no detectan operaciones de lavado”, y advirtió que obligar a los profesionales a reportar operaciones sospechosas en esos casos generará costos adicionales que afectarán a las pequeñas y medianas empresas.
Freire indicó que el nuevo umbral de 16.000 dólares para delitos como la defraudación tributaria es demasiado bajo y “recarga a los estudios contables, especialmente a los pequeños y del interior del país”. También objetó la ampliación de los plazos de conservación de documentación y el alcance otorgado a la SENACLAFT para requerir información sin control judicial, lo que –según dijo– vulnera el secreto profesional.
El CCEAU propone eliminar la Revisión Limitada del listado de actividades obligadas, revisar los umbrales fijados, restablecer la debida diligencia simplificada y excluir las permutas sin operaciones financieras.
“Estamos comprometidos con la transparencia y con las normas internacionales, pero también con la defensa de la profesión y de los derechos de los uruguayos”, concluyó Freire.