Una investigación llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Artigas permitió esclarecer un hecho de violencia ocurrido el sábado 18 de julio, luego de un evento bailable realizado en un club social de la ciudad. Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada por la madre de una de las víctimas.
Según lo denunciado, al finalizar el evento, dos adolescentes fueron seguidas por otras mientras se desplazaban por distintas calles de la zona. En determinado momento se produjo una agresión física, a la que posteriormente se sumaron otras personas, generándose una riña generalizada en la vía pública.
En el marco de la pesquisa, efectivos policiales realizaron un análisis exhaustivo de los registros de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, además de recabar declaraciones de víctimas y testigos y examinar las evidencias aportadas durante las actuaciones. El trabajo permitió establecer la participación de las adolescentes involucradas y determinar las circunstancias en que se desarrolló el episodio.
Con los elementos reunidos, las implicadas fueron citadas a sede de Fiscalía, con asistencia letrada. En audiencia realizada el jueves 3 de setiembre, la Justicia dispuso la formalización de tres adolescentes —dos de 17 años y una de 15— por su responsabilidad en una infracción grave a la ley penal tipificada como riña calificada, imponiéndoles medidas socioeducativas no privativas de libertad. Entre ellas se dispuso su incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, además de la prohibición de concurrir al local bailable por el plazo de cuatro meses.
Por otra parte, respecto de una cuarta adolescente de 14 años, también involucrada en el hecho, se dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de la misma infracción, conforme a lo establecido en el artículo 266 del Código del Proceso Penal. En este caso se impusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de concurrir al mismo local, por un plazo de 120 días.
Según supo REVISTA CERO, la investigación policial se extendió durante varias semanas antes de que se reunieran los elementos suficientes para citar a las involucradas ante la sede fiscal.
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