A más de un año de haber ocurrido el incendio donde murieron 10 personas adultas mayores en un residencial de Treinta y Tres, la justicia olimareña no envió a la cárcel ni a la dueña del local ni tampoco a la responsable del turno cuando se dieron los hechos.
Fiscalía general de la nación confirmó a REVISTA CERO que las dos mujeres fueron imputadas por los delitos de “Homicidio culpable complejo por la pluralidad de víctimas”.
La condena fue de 5 años, pero no irán a prisión. Esto se logró por un acuerdo abreviado, que evitó que fueran a juicio, donde les podría haber recaído una pena de 8 años.
Entonces tendrán: un año de arresto domiciliario total, un año de arresto nocturno y dos años de libertad a prueba y además deberán prestar servicios comunitarios. Ellas ya estaban con arresto domiciliario total desde que ocurrieron las muertes, hace más de un año (julio 2024).
Esta pena generó la indignación de las familias de las víctimas y según dijo la abogada de dos familias de los fallecidos, Beatriz Berriel, “nos queda la sensación de que la vidas de las personas mayores no valen tanto”.
