Uruguay y Neltume Ports acuerdan poner fin al arbitraje internacional

Uruguay y Neltume Ports acuerdan poner fin al arbitraje internacional

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que Uruguay y la empresa Neltume Ports S.A. acordaron poner fin al arbitraje internacional que esta última había promovido contra el Estado uruguayo. El jerarca brindó declaraciones a la prensa para detallar los alcances del entendimiento.

La controversia se había iniciado en abril de 2024, cuando Neltume Ports S.A., por derecho propio y en representación de Montecon S.A., presentó una solicitud de arbitraje contra Uruguay al amparo del Acuerdo de Inversión entre Uruguay y Chile.

Según precisó Díaz, en el marco del acuerdo alcanzado la empresa renuncia de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones presentadas contra el Estado uruguayo. Añadió que Neltume, Montecon y sus empresas vinculadas se comprometieron, además, a no iniciar en el futuro ningún juicio contra el país por los hechos que motivaron el arbitraje.

El prosecretario subrayó que Uruguay no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a las empresas mencionadas, y remarcó que el Estado tampoco asumió obligación ni condición alguna en el acuerdo.

Según supo REVISTA CERO, el entendimiento se enmarca en una serie de procesos arbitrales en los que Uruguay ha logrado resultados favorables, tal como el propio Díaz señaló al indicar que, salvo en un caso, en todos los demás arbitrajes internacionales a los que el país fue llevado, Uruguay resultó triunfante.

Consultado sobre si la resolución alcanza también al caso de la empresa Atco, el jerarca explicó que se trata de un proceso distinto que se espera concluya de manera similar. Indicó que uno de los arbitrajes ya finalizó y que resta el otro, respecto del cual confía en poder informar a la brevedad que también se logró resolver en términos equivalentes.

Díaz calificó el acuerdo como un triunfo de Uruguay a nivel internacional y sostuvo que consolida la tradición jurídica del país como un Estado donde se cumplen los contratos y existe seguridad jurídica.

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