La Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno obtuvo la primera sentencia de condena por el delito de trata de personas en el marco de la denominada Operación Tríada, según informó la Fiscalía General de la Nación. El fallo es resultado de una de las investigaciones iniciadas junto a las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4º y 6º turno y las unidades policiales especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
La operación fue dada a conocer en setiembre de este año y comprendió tres investigaciones independientes vinculadas a situaciones de explotación sexual de adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, institucionalizadas bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por parte de personas de nacionalidad extranjera. Tras los operativos iniciales, cada fiscalía continuó su pesquisa de forma independiente.
En esta oportunidad, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, integrada por su fiscal titular Verónica Bujarin y las adscriptas Fulvia Favretto y Paola Rivera, con la colaboración de la Unidad de Víctimas y Testigos, logró la condena en el marco de una investigación que involucró a adolescentes institucionalizadas en dependencias de INAU de entre 13 y 17 años, víctimas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
El condenado fue hallado autor penalmente responsable de un delito de trata de personas, un delito de asociación para delinquir, un delito de almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil y un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, todos en régimen de reiteración real, y en concurso formal este último con un delito de retribución a personas menores de edad y un delito de corrupción. La pena impuesta fue de seis años y siete meses de penitenciaría.
La sentencia dispuso además el pago a una de las víctimas de una reparación patrimonial equivalente a 24 ingresos mensuales o, en su defecto, a 24 salarios mínimos. También estableció la prohibición, por el plazo de 10 años, del ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa y de salud, así como en aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Según supo REVISTA CERO, la resolución incluyó también la inscripción del condenado en el Registro de Abusadores y Violadores Sexuales, conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley N.º 19.889.
Desde la Fiscalía General de la Nación señalaron que la sentencia constituye un resultado relevante en el trabajo de investigación de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y reafirma el compromiso del organismo en la persecución de todas las formas de explotación, especialmente aquellas que afectan a niñas, niños y adolescentes en situaciones de particular vulnerabilidad, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia.
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