Una investigación iniciada el 17 de junio por la Brigada Departamental Antidrogas culminó con la condena de una mujer de 23 años, tras detectarse un punto de venta de sustancias estupefacientes en una vivienda de calle Fernández Chávez, en la ciudad de San Carlos.
Según informó el Ministerio del Interior, las actuaciones se desarrollaron ante la presunta existencia de comercialización de drogas en el inmueble mencionado. El caso quedó bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de 4.º Turno, mientras que personal de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, llevó adelante las tareas de campo correspondientes.
El martes 8 de setiembre, en horas de la tarde, se concretaron dos allanamientos en la vivienda señalada, con respaldo de la Guardia Republicana. En el procedimiento fue detenida la mujer de 23 años, sin antecedentes penales registrados.
Durante los operativos se incautaron 100 envoltorios de papel con sustancia blanca, conocidos popularmente como «chasquis», un envoltorio de nylon con sustancia similar, dos balanzas de precisión, dos réplicas de pistolas, cámaras de seguridad, un DVR, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Según supo REVISTA CERO, entre los elementos secuestrados figuraban específicamente dos teléfonos celulares, uno de la marca iPhone color azul y otro Redmi color negro, además de un sistema completo de videovigilancia instalado en el domicilio.
Con la Fiscalía Letrada de 4.º Turno nuevamente al tanto de lo actuado, se dispusieron diversas diligencias, entre ellas la conducción de la indagada a la sede fiscal para su declaración. El miércoles 9 de setiembre, finalizada esa instancia, la detenida fue trasladada al Juzgado Letrado de 11.º Turno, donde se resolvió su condena como autora penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, a la pena de dos años de penitenciaría.
El tribunal dispuso además el decomiso de las sustancias incautadas, que serán remitidas al Instituto Técnico Forense para su análisis y posterior destrucción. También se ordenó el decomiso del dinero secuestrado, que asciende a 3.100 pesos uruguayos, así como de los efectos incautados —los dos teléfonos celulares, las dos réplicas de pistolas y el sistema de videovigilancia— para su remisión a la Junta Nacional de Drogas, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 19.574.
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