El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) comenzó una nueva etapa de capacitación de sus equipos técnicos en el uso de la Herramienta de Evaluación del Riesgo para la Intervención (HERI). La actividad se enmarca en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana II (PISC-II), que ejecuta el Ministerio del Interior con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La formación está a cargo de la doctora Karin Arbach, especialista internacional en evaluación del riesgo criminológico, y está dirigida a aproximadamente 90 profesionales de las áreas de trabajo social, psicología y otras disciplinas, quienes tendrán a su cargo la aplicación del instrumento.
Según se informó, la incorporación de esta herramienta forma parte de un proceso de mejora en la gestión de los casos que atiende el INR, iniciado en 2023, que incluyó una revisión de las prácticas profesionales y de los procedimientos de evaluación utilizados hasta el momento.
Arbach explicó que la HERI fue diseñada específicamente para el contexto local, con aportes de expertos nacionales y a partir de una revisión exhaustiva de la literatura científica sobre la materia. Precisó además que el instrumento será sometido a un proceso de contraste empírico que permitirá evaluar su validez y fiabilidad, así como identificar aspectos a perfeccionar.
La especialista señaló que la investigación criminológica ha demostrado que el riesgo de reincidencia está asociado a múltiples factores, agrupados en tres grandes dimensiones: las características personales, el entorno social y los factores situacionales o de oportunidad. En ese marco, la HERI contempla 30 factores de riesgo que abarcan aspectos como la historia delictiva, características de personalidad, salud mental, consumo de sustancias, trayectoria educativa y laboral, redes de apoyo y entorno de residencia, entre otras variables.
Según supo REVISTA CERO, la identificación de estos factores apunta no solo a detectar necesidades criminógenas sino también a reconocer elementos protectores en cada persona, lo que permitirá orientar las intervenciones de acuerdo con sus características y nivel de riesgo particular.
Arbach indicó que el objetivo del proyecto es que las evaluaciones habiliten decisiones más ajustadas a cada situación y orienten a las personas hacia programas de intervención que contribuyan a disminuir los factores asociados a la conducta delictiva. En ese sentido, remarcó que uno de los desafíos del sistema es continuar ampliando los programas de tratamiento para atender la diversidad de necesidades criminógenas de las personas privadas de libertad.
Finalmente, la especialista adelantó que una segunda etapa del proyecto estará vinculada al fortalecimiento de las intervenciones existentes y al diseño de nuevas propuestas en los casos en que se identifiquen necesidades que todavía no cuenten con respuestas específicas.
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