El Ministerio de Desarrollo Social presentó un plan quinquenal sin precedentes que propone transformar el abordaje de una de las problemáticas sociales más complejas del país, con un modelo centrado en el vínculo, la vivienda y la vida.
Montevideo, Uruguay — abril de 2026. El gobierno uruguayo presentó la primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, bajo el nombre «La calle no es un lugar para vivir», un documento que marca un punto de inflexión en la política social del país y que fue construido con la participación de aproximadamente 2.000 personas en 40 encuentros realizados en todo el territorio nacional entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
La iniciativa surge en un contexto de crecimiento sostenido y alarmante del fenómeno. En 2025, el sistema de protección social del Ministerio de Desarrollo Social atendió a 13.597 personas —un 20,74% más que en 2024—, la cifra más alta desde que existen registros en el país. Sólo en Montevideo, los datos disponibles muestran que entre 2016 y 2023 la cantidad de personas en situación de calle casi se duplicó, pasando de 1.393 a 2.758.
Un nuevo modelo: vínculo, vivienda y vida
La estrategia abandona los enfoques tradicionales —el llamado «modelo de escalera» y el «vivienda primero»— para proponer un abordaje propio denominado «modelo de las tres V»: Vínculo, Vivienda y Vida. La propuesta parte de reconocer que la situación de calle no implica solamente la falta de techo, sino la ruptura profunda de los lazos sociales, familiares y comunitarios que sostienen el desarrollo integral de las personas.
El plan establece que sin vínculos significativos no hay propuesta habitacional ni laboral que pueda sostenerse en el tiempo, y viceversa. Por eso integra, de forma articulada, el acceso a la vivienda, la salud, el trabajo y la educación como pilares inseparables.
Las acciones concretas
El documento detalla diez líneas de acción que ya están en marcha o en proceso de implementación. Entre las más relevantes se destacan el Plan 365, que busca desestacionalizar la atención y mantener los centros de refugio abiertos todo el año —no solo en invierno—; la creación de los Centros de Contención y Respuesta Inmediata (CECORI), con capacidad para 210 personas y acceso las 24 horas; y la expansión de los Centros Comunitarios Puertas Abiertas, a través de los cuales ya se canaliza casi dos tercios de las solicitudes de alojamiento.
En materia de vivienda, el gobierno se propone superar las 3.000 plazas de soluciones habitacionales para 2028, incluyendo cooperativas, viviendas colectivas, subsidios de alquiler con acompañamiento psicosocial y un proyecto piloto en el medio rural denominado «Habitar, convivir, producir». Para el ámbito laboral, la meta es superar los 2.000 puestos de trabajo protegido para ese mismo año.
La estrategia también contempla la prevención del ingreso a la calle mediante protocolos de egreso planificado de instituciones como el INR, el INAU y el INISA, y la articulación con el sistema sanitario a través de una Unidad de Enlace MIDES-ASSE para garantizar atención en salud mental y consumo problemático.
Un problema país, una respuesta nacional
Uno de los cambios más significativos que propone el documento es la descentralización del abordaje. La estrategia reconoce que la situación de calle dejó de ser un fenómeno exclusivamente capitalino y plantea la creación de dos ámbitos de conducción: uno orientado a la emergencia sociosanitaria, coordinado desde Presidencia de la República, y otro de planificación estratégica quinquenal, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social e integrado por más de una docena de organismos del Estado.
La construcción participativa del plan —que incluyó a personas en situación de calle, organizaciones de la sociedad civil, academia, sindicatos, empresas y representantes de todos los niveles de gobierno— es señalada por las autoridades como uno de sus principales activos para garantizar su legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.
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